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miércoles, 9 de mayo de 2012

Ante el Estado fallido, narcoestado sustituto


MARCO APPEL/ PROCESO

Lo que la gente comenta a diario en casi todos los puntos del país tiene ahora un sustento académico: México es un Estado fallido incapaz de controlar grandes extensiones de su territorio donde el crimen organizado se ha propuesto convertirse en el motor económico con todo y control político. El informe de un experto en criminalidad y seguridad pública así lo indica y alerta: los cárteles del narcotráfico evolucionan hacia una nueva fase en la que podrán imponerse como un “Estado sustituto”.
BRUSELAS (Proceso).- Contra lo que sostiene públicamente el gobierno de Felipe Calderón –que le está ganando la guerra al crimen organizado–, los cárteles mexicanos de la droga han alcanzado tal poderío que se han convertido en grupos de “insurgencia criminal” que libran sangrientas batallas contra el Estado por el control de la economía ilícita y por el dominio político del país… es decir, por convertirse en el sustituto de las instituciones estatales.
Ante la fragilidad del gobierno calderonista, los cárteles del narcotráfico le han arrebatado funciones al Estado, con lo que han conseguido establecer “soberanías paralelas” o “enclaves criminales” en grandes áreas de México que son conocidas en el argot académico como “zonas sin ley”, “espacios sin gobierno” o “zonas de impunidad”.
En esas “comunidades o regiones fracasadas” de México las bandas criminales han impuesto “arreglos políticos de tipo neofeudal”, como el cobro de impuestos o el aprovisionamiento de bienes sociales con fines utilitarios. Además han adoptado una dinámica de poder similar a la de las guerrillas y se han expandido, por lo que plantean un grave problema de seguridad nacional también en países de Centroamérica.
Tal es el diagnóstico que presenta John P. Sullivan en un reporte fechado el pasado marzo y llamado De las guerras contra las drogas a la insurgencia criminal: los cárteles mexicanos, enclaves e insurgencia criminal en México y Centroamérica y sus implicaciones para la seguridad global.
El pasado 15 de abril, en la Sexta Cumbre de las Américas, en Colombia, Felipe Calderón confesó en privado a su par peruano, Ollanta Humala, algo similar a lo que plantea el reporte de Sullivan: que las organizaciones del narcotráfico han desplazado al Estado mexicano en partes de su territorio.
Humala dijo en conferencia de prensa: “El tráfico ilícito de drogas y otras economías ilegales se están produciendo y en algunos casos algunos jefes de Estado han señalado que el narcotráfico está entrando ya a reemplazar en determinados sitios las funciones del Estado, como es el caso, y como lo ha señalado el presidente de México, del tema de la recaudación de impuestos”.
El mandatario peruano detalló que los narcos cobran “un impuesto de guerra en diferentes partes de América Latina a los dueños de pequeños y medianos negocios, pero incluso a quienes se acaban de comprar un auto, como ocurre en algunas partes del norte de México”.
Hasta finales del mes pasado la Presidencia de México no había desmentido lo dicho por Humala.

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